EL AYUNTAMIENTO RECLAMA UNA REGULACIÓN PARA LOS APARTAMENTOS TURÍSTICOS

“El hecho de que cualquier apartamento que se oferte a través de una plataforma tenga que estar registrado en la Agencia Valenciana es una magnífica noticia porque permite controlar desde la Generalitat y, por tanto, desde los ayuntamientos, que somos las principales afectados por este fenómeno, toda la oferta de alojamiento”, según la concejala delegada de Turismo.

Sandra Gómez, ha realizado estas declaraciones hoy en la puerta del Hemiciclo Municipal ante las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se elabore una normativa estatal al respecto. “Los servicios judiciales nos ayudan mucho a las administraciones a controlar un sector, que es necesario que esté regulado y controlado. Esa ordenación nos permitirá avanzar en una ordenación de la oferta de los alojamientos turísticos en su conjunto y garantizará un clima de convivencia en nuestras ciudades”.

Regulación

Sandra Gómez ha recordado que hace un año el Ayuntamiento de València ya planteó que la regulación de los apartamentos turísticos era competencia del Gobierno central, “que no estaba haciendo los deberes mientras que las administraciones autonómicas y locales estábamos sin competencias, intentando regular este fenómeno” “El Gobierno central llega tarde pero que se ponga ya a regular para que no pasemos otra temporada alta, estival, sin tener unas pautas marcadas”, ha zanjado la concejala que también ha instado al presidente del gobierno Mariano Rajoy para que empiece a trabajar.

“Frente a la desidia y la inoperancia de otras administraciones, desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando y estamos intentando llegar a acuerdos con estas plataformas para poder controlar este fenómeno y limitar y restringir la oferta ilegal que existe en esta ciudad”. Por eso, ha concluido Sandra Gómez, “esperamos tener un marco regulatorio pronto para que podamos garantizar la convivencia en la ciudad de València, controlar la competencia desleal al resto de alojamientos turísticos y controlar los procesos de especulación inmobiliaria de determinados barrios para evitar la expulsión de los residentes y sobre todo para evitar que determinados barrios residenciales se conviertan en barrios de alojamientos turísticos”.